Reproducimos el editorial del Diario de noticias del 22 de octubre de 2014
Responde con argumentos delirantes y faltones a la reforma legislativa que extiende, con 28 años de sectario retraso, el derecho a la igualdad de acceso a la oferta de la enseñanza pública a todas las familias navarras al margen de donde vivan
Al Gobierno de UPN no le ha gustado el consenso alcanzado por la mayoría política del Parlamento de Navarra para extender, con 28 años de lamentable retraso sectario, el derecho a la libertad de elección del modelo de enseñanza a todos los navarros y navarras. Pero se trata de algo tan elemental desde el punto de vista democrático como es la igualdad en el derecho de acceso a las prestaciones y servicios públicos que ofrecen las administraciones y que sufragan, no hay que olvidarlo, todos los contribuyentes navarros, independientemente de la zona geográfica en la que viven.
Se trata de poner fin a un sistema injusto que durante casi 30 años ha dividido a las familias navarras en primera y segunda categoría a la hora de poder elegir el modelo educativo para sus hijos. El derecho a la libertad de elección educativa -que UPN propugna cuando le interesa- no está al alcance de todos los padres y madres de Navarra. Los navarros de Ribaforada o de Larraga no tienen los mismos derechos educativos que los de Zizur o Bera, como si unos y otros fueran navarros distintos. Peor aún: si una familia navarra reside en Bera y por razones laborales o de cualquier otra índole traslada la residencia a una localidad de la zona no vascófona, esa familia pierde su derecho a elegir modelo educativo.
Es una normativa absurda y discriminatoria. De hecho, la última encuesta sociolingüística realizada por el propio Gobierno de UPN evidencia que los ciudadanos dan por superada en pleno siglo XXI la zonificación. Así, el 66,5% de los navarros cree que la enseñanza en euskera debiera extenderse a todo el territorio en función de la demanda voluntaria de padres y madres a la hora de elegir el modelo educativo de sus hijos. La respuesta a una propuesta tan transparente y democrática ha sido delirante, faltona y desproporcionada en UPN. Carlos Salvador cita a ETA, Barcina se inventa supuestos objetivos políticos e Iribas se preocupa del coste económico y de planificación, lo que con su desastrosa gestión del PAI parece un mal chiste.
La propuesta -un consenso político legítimo y democrático que cuenta también con el respaldo de la mayoría social que trabaja en el ámbito de la educación en Navarra-, corrige la interpretación restrictiva y de confrontación que de la Ley del Euskera de 1986 ha hecho UPN, y que mantiene otros déficits en asuntos como la administración, la atención sanitaria o los medios de comunicación, atiende su espíritu garantista original y responde a demandas de órganos como el Consejo de Europa.
